Además, hacer convocatorias en Internet será consierado integración en organización criminal
El Gobierno sabe que los recortes sociales y la reforma laboral van a
seguir causando que las calles se llenen de gente protestando. Lo han
visto ya en las movilizaciones de los indignados del 15-M, los
estudiantes de la 'Primavera Valenciana' y la huelga general del 29 de
marzo. Ante esta escalada de la tensión social, y contando con que
aumente, el Partido Popular ha decido reformar el Código Penal para endurecer las legislaciones que afectan al orden público.
El
ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha justificado hoy en el
sesión de control del Congreso este endurecimiento alegando que es
necesario luchar contra lo que denomina una "espiral de violencia"
practicada por "colectivos antisistema" que practican "técnicas de
guerrilla urbana", según recogte Europa Press. Pero la legislación va más allá de los violentos y plantea una nueva batería de restricciones de derechos.
Las
medidas que se han anunciado en los últimos días y las que ha
adelantado hoy el ministro de Interior van todas dirigidas a mantener un
mayor control del orden público. Una de las más sonadas ha sido el
endurecimiento de las sanciones para la violencia callejera, equiparándolo con la legislación antiterrorista diseñada para tratar los casos de kale borroka
en el País Vasco, directamente relacionado con los enfrentamientos que
se vivieron en Barcelona durante la jornada de huelga del 29-M. Se trata
de que "la gente tenga más miedo al sistema", como dijo la semana pasada el conceller de Interior de Catalunya, Felip Puig.
Sin
embargo, no solo los violentos son el objetivo de las reformas que
proponen los conservadores. Por contra, otra de sus propuestas es
incluir como delito de atentado a la autoridad la resistencia pasiva o activa.
En clara referencia a las movilizaciones estudiantiles de Valencia y el
movimiento 15-M, con esta legislación podrían ser condenados por
atentado todas las personas que acudan a las movilizaciones de los
indignados, que suelen llevarse a cabo sin previa notificación a la
Delegación de Gobierno.
La participación en estas protestas no
será el único acto castigado. La reforma propuesta prevé que sea
considerado delito de integración en organización criminal difundir a través de Internet
y las redes sociales las convocatorias "violentas" y que "alteren
gravemente el orden público", que podrían ser todas aquéllas que no
hayan sido notificadas y que se nieguen a abandonar el lugar pese al
aviso de la Policía. Y eso es exactamente lo que pasó el 15 de mayo y
los días posteriores en la Puerta del Sol de Madrid.
Además, se va a introducir entre "las modalidades de acometimiento"
(ataque violento dirigido contra un policía) las amenazas y
comportamientos intimidatorios o el lanzamiento de objetos peligrosos.
Otra medida, que recoge Europa Press,
es que se considerará como agravante cuando las conductas violentas se
produzcan en manifestaciones o concentraciones y se incluirá como delito
de desorden público los supuestos en los que se penetre en
establecimientos públicos o se obstaculice el acceso a los mismos. En
este sentido, se ampliará la cuantía de los daños no sólo a los que se
produzcan en establecimientos, sino también a los que se deriven por la
interrupción de cualquier servicio público.
Pese a que el titular
de Interior ha dicho que "no se trata sólo de responder desde el Código
Penal a iniciativas de guerrilla urbana que cada vez proliferan más en
nuestras calles, pero tampoco instalarnos en el buenismo jurídico", España ya cuenta con Código Penal duro si se compara con el resto de Europa.
De
hecho, en la actulidad España tiene la mayor tasa de presos de toda
Europa Occidental. Por contra, los índices de criminalidad están, por el
momento, entre los más bajos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario