Soraya Sáenz de Santamaría parece tener claras sus
prioridades. Y una de ellas es saber lo que publican los periódicos y
las redes sociales de la gestión del Gobierno. Al punto que el
Ministerio de la Presidencia ha lanzado una licitación para subcontratar
el seguimiento de información en diferentes medios, una tarea por la que la vicepresidenta está dispuesta a desembolsar 259.322,04 euros en los dos próximos años.
Una práctica habitual de algunos políticos, que supone gastos
importantes para sus administraciones en plena crisis económica. Alberto Ruíz-Gallardón,
hoy ministro de Justicia, ya planteó un concurso similar como alcalde
de Madrid. Estaba listo para pagar casi 346.000 euros. Tampoco el PSOE
está libre de pecado.
Según consta en el pliego que plantea
Presidencia, su objetivo es contratar un servicio de consultoría y
asistencia técnica “para el seguimiento y archivo de la información de
interés para la Secretaria de Estado de Comunicación (SEC) publicada en
prensa y emitida en emisoras de radio y televisión, así como en medios digitales, blogs y redes sociales”. Eso sí, el Ministerio no quiere problemas por la recopilación de las noticias, con las sentencias contra el press clipping como el telón de fondo. “La SEC queda al margen de litigios
que pudieran surgir entre la empresa adjudicataria y los medios de
comunicación de los que se obtiene y reproduce la información”, refleja
el pliego.
La licitación, tramitada con carácter de urgencia,
daba de margen hasta hoy lunes para la presentación de ofertas. El
contrato contempla un pago de 129.661,02 euros para la empresa
agraciada, a cobrar entre los años 2012 y 2013. Eso sí, la cifra se
eleva hasta los 153.000 euros si se tiene en cuenta la aplicación del
18% de IVA. No obstante, “al estar contemplada la prórroga del contrato, el valor estimado (…) será de 259.322,04 euros”, puntualiza el documento. La hoja de ruta para la adjudicataria esta clara. Debe recuperar todas las “noticias y menciones” relativas a Presidencia del Gobierno, Ministerios y sus titulares, altos cargos de la Administración y “otros asuntos específicos (monográficos) que puedan variar en función del interés de la SEC”.
Sáenz
de Santamaría no sólo limita el seguimiento a medios de comunicación en
sentido estricto. También extiende la cobertura a “otras plataformas
digitales”, como blogs o agregadores de noticias. Y sobre todo, encarga
un rastreo pormenorizado de lo que se publica en las principales redes sociales, entre las que cita a Facebook, Tuenti, Twitter, YouTube o LinkedIn.
Además, el pliego fija los criterios que debe seguir la selección de la
información, centrados en la exhaustividad, inmediatez y la
selectividad, “evitando acumular información sin valor”. En paralelo, se
deberá elaborar una plataforma personalizada para que funcione a modo
de archivo.
Una apuesta extendida
La práctica no es
exclusiva del nuevo Gobierno. Según consta en el Boletín Oficial del
Estado (BOE), una de las últimas licitaciones adjudicadas por el
Ayuntamiento de Madrid antes de que Alberto Ruíz-Gallardón dejara
la alcaldía consistía en “un contrato de servicios de análisis y
seguimiento de noticias en prensa, radio, televisión e Internet”. Para
sí querría Sáenz de Santamaría el negocio que hizo el hoy
ministro de Justicia allá por finales de noviembre. No en vano estaba
dispuesto a abonar más de 200.000 euros (346.000 era el valor estimado
del contrato con prórroga) y terminó pagando ‘apenas’ 151.796,15 a Kantar Media y Acceso Group, las empresas que presentaron las ofertas económicamente más ventajosas.
Más espléndida fue Magdalena Álvarez en su etapa al frente del Ministerio de Fomento. Cómo publicó El Confidencial,
corría octubre de 2008 cuando la ministra licitaba un contrato para
realizar el seguimiento de la información en prensa, radio, televisión e
Internet que afectara exclusivamente a su departamento. En este caso y
aún con las vacas gordas en la memoria, el importe de la propuesta alcanzaba los 380.000 euros por la cobertura,
que se prolongaba durante los años 2009 y 2010. Fomento contemplaba
igualmente la posibilidad de prorrogar el contrato en hasta dos
ejercicios, lo que suponía un desembolso total de 586.207 euros, sin tener en cuenta el IVA. Esto es, más de 100 millones de las antiguas pesetas.
No se quedaba ahí la preocupación mediática de la política andaluza. Días antes, el Ministerio planteaba la contratación de un plan estratégico de comunicación y su seguimiento,
esfuerzo por el que estaba dispuesto a desembolsar casi 180.000 euros.
Fomento aseguró entonces que la cuantía abonada era acorde a mercado y,
sobre todo, acorde con la inversión y el ingente presupuesto que movía
un departamento de ese tamaño. Este tipo de contrataciones se producen
al margen de los ya nutridos gabinetes de comunicación que mantienen los
ministerios, al margen de quien gobierne.
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